La idea de este proyecto surge de la necesidad de establecer protocolos para llevar a cabo medidas de prevención, actuación y seguimiento para prevenir y hacer frente a las situaciones de acoso y violencia que puedan suffer los jóvenes con los que trabajamos durante las movilidades europeas.

Considerando el acoso según la definición del Consejo de Europa: "El acoso puede incluir violencia física, violencia sexual, amenazas, burlas, exclusión social u otro tipo de violencia psicológica". Utilizaremos la palabra "acoso" para referirnos a todo lo incluido en esa definición, pero también a las prácticas discriminatorias basadas en la raza, el sexo (incluidas la expresión y la identidad), la orientación sexual, la discapacidad y/o la religión.

El acoso escolar tiene terribles consecuencias para los niños y jóvenes que la sufren. Aunque queda mucho por hacer en todos los campos de la educación y también en otros ámbitos, ya se ha trabajado mucho para hacer frente a esta situación en las escuelas, las empresas, las organizaciones de trabajo juvenil,.... Sin embargo, en el área de proyectos de movilidad prácticamente no se trabaja para abordar situaciones de discriminación y acoso escolar.

Organizaciones, escuelas, universidades... confían en sus políticas a nivel local, pero la realidad de una actividad internacional es potencialmente más compleja. Por ejemplo, el joven está en el extranjero y no hay posibilidad de reunirse cara a cara, su red de apoyo en casa es escasa o inexistente, el entorno en el que se encuentra no le es familiar, hay legislaciones y actitudes sociales diferentes a las de su propio país o el hecho de que suele haber muchos actores implicados con puntos de vista y opiniones diferentes.

El Informe Anual de la Comisión Europea de 2018 (el último publicado) señala que dentro de la Acción Clave 1 ha habido 852.940 participantes en movilidades. Aunque no todas estas movilidades pertenecen a jóvenes, el grupo objetivo final de esta propuesta de proyecto, podemos establecer que un alto porcentaje pertenece a jóvenes y participantes que no son profesionales (profesores, personal educativo, etc.). Esto implica que la falta de protocolos específicamente adaptados a los proyectos de movilidad afecta potencialmente a miles de participantes al año.

Por lo tanto, la idea principal es compartir buenas prácticas que están teniendo éxito en otros contextos y formar a educadores comunitarios para que trabajen en la prevención antes de la movilidad y desarrollen sus competencias como trabajadores juveniles y gestores de la movilidad para actuar durante y después de la movilidad contra las diferentes formas de violencia entre y hacia los jóvenes.